DENUNCIA
¡Pastaza en resistencia! Las siete nacionalidades exigen el archivo de la ley minera
27 de febrero de 2026 | Autor: MIA Sonovision
Achuar, Andwa, Kichwa, Shuar, Shiwiar, Sapara y Waorani denuncian que la normativa vulnera la consulta previa y el Acuerdo de Escazú. Alertan que más de 105 territorios indígenas ya sufren los impactos de la minería.
Izquierda: María Cristina Acuña (Asambleísta por Pastaza) Centro: Luis Canelos (Presidente de PAKK…
Un frente unido contra el extractivismo
En un hecho histórico de cohesión política, las nacionalidades Achuar, Andwa, Kichwa, Shuar, Shiwiar, Sapara y Waorani han emitido un pronunciamiento conjunto desde Puyo. Su demanda es tajante: el archivo inmediato del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
La principal queja radica en la ausencia de la Consulta Previa, Libre e Informada, un mandato constitucional que obliga al Estado a dialogar con los pueblos antes de legislar sobre sus territorios. Según los líderes, avanzar sin este paso vulnera no solo la Constitución, sino tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Los "nudos críticos" de la propuesta de Ley
Para las nacionalidades de Pastaza, esta ley no busca el desarrollo, sino facilitar el ingreso de empresas transnacionales mediante:
- Debilitamiento Ambiental: Reducción de tiempos para la obtención de licencias, lo que podría derivar en controles laxos.
- Militarización: Temen que la figura de "seguridad estatal" se use para criminalizar la protesta social en zonas de conflicto minero.
- Concentración Minera: La creación de zonas industriales mineras que aumentarían la deforestación y la contaminación de las cuencas hídricas amazónicas.
Cifras que alarman a la selva
El rechazo no es infundado; se basa en el impacto real que ya vive la región según datos manejados por las organizaciones indígenas:
- 4.926 hectáreas: Superficie bajo minería a cielo abierto en 105 territorios indígenas (datos a 2024).
- 14.660 hectáreas de bosque: Pérdida forestal registrada en 23 áreas protegidas entre 2001 y 2024.
Para los pueblos amazónicos, estos números demuestran que la minería —tanto legal como ilegal— es la principal amenaza para la biodiversidad y su modo de vida ancestral.
Exigencia de políticas reales, no parches
Las nacionalidades aclararon que no se oponen al ordenamiento estatal, pero exigen que la lucha contra la minería ilegal sea efectiva y que no se use como excusa para legalizar concesiones a gran escala en zonas sensibles. "Nuestra lucha es por el agua; sin selva no hay vida", fue el mensaje unánime de los delegados.
