Una verificación rutinaria para cumplir una orden de destrucción de droga reveló un escandaloso robo de 321 bloques de cocaína almacenados en una bodega de la Unidad Antinarcóticos en la zona 8 de Guayaquil. El hecho se registró el 29 de febrero de 2024, pero recién se conocen los detalles tras la filtración de un parte policial al que accedió Ecuavisa.com.

La droga robada provenía de dos incautaciones realizadas en marzo y agosto de 2023. Los bloques estaban resguardados en un contenedor dentro de la Unidad Canina, junto a uno de los puertos del sur de la ciudad. El agente que descubrió la sustracción notó que los sellos de seguridad habían sido clonados, lo que evidencia una operación interna cuidadosamente planeada.

El caso fue denunciado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Fedoti), pero las primeras diligencias se vieron frustradas. A pesar de ordenarse la revisión de las cámaras de seguridad en marzo de 2024, esta no se realizó por “riesgo al sistema”, según un informe fiscal de seguimiento emitido en septiembre de ese año.

Agentes encubiertos han revelado que varios uniformados, en coordinación con policías dados de baja y personal de otras unidades, habrían participado en el robo. Aseguran que los implicados conocían quién estaba de guardia y aprovechaban los decomisos masivos para extraer bloques sin levantar sospechas. Algunos de los sospechosos aún estarían activos en la Unidad Canina.

Según testimonios recogidos por la Policía, los bloques robados eran vendidos a redes del narcotráfico a precios reducidos. En Colombia, un kilo puede costar hasta USD 3.000, pero los robados se ofertan entre USD 1.000 y USD 2.000. En mercados internacionales, como EE.UU. o Europa, ese mismo kilo puede llegar a valer hasta USD 40.000.

El entonces jefe zonal de Antinarcóticos, teniente coronel Guillermo Palacios, confirmó la sustracción e indicó que notificó a sus superiores. El general Pablo Dávila, comandante zonal hasta abril de 2025, señaló que las unidades internas de control continúan las investigaciones.

A pesar de la gravedad del caso, y tras más de un año desde que se presentó la denuncia formal, el proceso sigue en etapa de indagación previa. Hasta la fecha, solo los bodegueros y el denunciante han sido llamados a rendir versión, mientras crece la preocupación por la posible complicidad institucional en este nuevo golpe a la credibilidad de las fuerzas del orden.