Documentos falsos con apariencia legal
La denuncia de esta semana revela una metodología de engaño sofisticada que duró años:
Cobros Ilegales: La exfuncionaria solicitaba pagos directos (en este caso de $539) bajo la promesa de agilizar el trámite del Permiso Anual de Funcionamiento (PAF).
Falsificación Documental: Se entregaban cartones impresos con sellos y firmas que, a simple vista, parecían auténticos, lo que evitaba que los comerciantes sospecharan durante las inspecciones de rutina.
El Hallazgo: La estafa sale a la luz cuando los dueños de locales intentan realizar trámites actuales y el sistema del Ministerio de Gobierno arroja que el establecimiento nunca ha estado legalizado o tiene deudas acumuladas por años.
El drama económico: Doble pago y multas
Para los afectados, el problema no es solo la pérdida del dinero entregado a la estafadora, sino las consecuencias legales actuales:
Valores Acumulados: Al no haberse registrado los pagos en el sistema oficial, el Ministerio considera que el local ha operado en la ilegalidad por años.
Costo de Regularización: Un comerciante reporta que la suma de años pendientes más las multas por mora podría superar los $2,000, un monto que pone en riesgo la continuidad de muchos pequeños negocios en Puyo.
¿Cómo verificar si su permiso es legal?
Ante esta ola de denuncias, es vital que todos los dueños de locales en Pastaza realicen una verificación inmediata:
Validación QR: Escanee el código QR de su permiso. Este debe redirigirlo automáticamente a la página oficial del Ministerio de Gobierno (SITMA) con los datos correctos de su local.
Consulta de Comprobantes: Verifique que el pago se haya realizado mediante un comprobante del Banco del Pacífico o corresponsal autorizado a nombre de la cuenta única del Tesoro Nacional, y no a cuentas personales.
Registro en Sistema: Acuda directamente a las oficinas de la Intendencia de Policía o Gobernación para pedir una certificación de su estado actual en el sistema.
El pedido de amnistía o solución técnica
Las víctimas están organizándose para pedir a la Gobernación de Pastaza y al Gobernador una solución que no los castigue doblemente. Solicitan que, al ser ellos víctimas de una funcionaria del propio Estado, se busquen mecanismos para exonerar multas o permitir un plan de pagos cómodo que les permita legalizarse sin quebrar.