La declaración del Gobernador Ramos cambia el panorama de la denuncia. Al confirmar que las irregularidades se remontan a gestiones anteriores (desde aproximadamente 2020), se entiende que la estructura de estafa logró burlar varios filtros de control durante años. El nuevo enfoque por abuso de confianza indica que se habría utilizado la jerarquía y el acceso a sellos oficiales para engañar a los comerciantes y desviar fondos que nunca llegaron a las arcas fiscales.

Reconociendo que muchos comerciantes son víctimas y no cómplices, la Gobernación anunció una medida de contingencia económica. Se ha dispuesto la ampliación del plazo para la regularización de permisos. Esto significa que los locales que fueron engañados tendrán un tiempo de gracia adicional para ponerse al día con el sistema oficial (SITMA) sin enfrentar clausuras inmediatas o multas por mora excesiva, permitiendo que sus negocios sigan operando mientras resuelven su situación legal.

La investigación por el manejo irregular de sellos de clausura es quizás el punto más sensible, ya que sugiere que la exfuncionaria podría haber utilizado estos sellos como herramienta de extorsión o para "levantar" sanciones de forma ilegal. Ante esto, el Gobernador ha prometido una reestructuración en los protocolos de la Intendencia de Policía para asegurar que cada sello y cada permiso cuente con una trazabilidad digital imposible de adulterar.