JUDICIAL
¿Recursos públicos en propiedad privada? Denuncian al GAD de shell por obra irregular
19 de marzo de 2026 | Autor: MIA Sonovision
El abogado Antonio Kubes eleva el caso a la Contraloría y Fiscalía. Se investiga la construcción de una estructura metálica de $5,000 en el sector de Pueblo Nuevo, presuntamente sin base legal.
Abogado Antonio Kubes.
El núcleo de la denuncia: La obra en Pueblo Nuevo
La acusación presentada ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía se centra en una intervención física dentro de un terreno que, según los documentos presentados, pertenece a privados y no al inventario de bienes públicos del GAD Parroquial.
- La Obra: Se trata de la mejora de un espacio cubierto mediante la instalación de una estructura metálica.
- El Monto: Se estima que la inversión de recursos públicos ronda los $5,000, un valor que, aunque parezca menor, implica un proceso de contratación pública que debe estar debidamente justificado.
- El Beneficiario: La denuncia señala que la obra se realizó a pedido de la "Asociación Pueblo Nuevo", un grupo que, según Kubes, carece de reconocimiento legal u organizacional formal ante las entidades competentes.
Pruebas y sustento legal
El equipo jurídico que impulsa la denuncia asegura tener un caso sólido basado en:
- Contratos y Facturas: Documentación que probaría el desembolso de dinero desde las cuentas del GAD Parroquial de Shell para esta obra específica.
- Evidencia Fotográfica: Registro del antes, durante y después de la construcción en el predio privado.
- Certificados de Propiedad: Documentos del Registro de la Propiedad que confirmarían que el sitio de la obra no es una zona verde o comunal cedida al Estado.
La respuesta del GAD: Silencio y contraataque
El Presidente del GAD Parroquial de Shell ha optado por una estrategia de hermetismo inicial, pero con una advertencia clara:
- Sin Pronunciamiento: Por el momento, la autoridad no dará detalles técnicos que refuten la obra.
- Contra-denuncia: El titular del GAD aseguró que las acusaciones "carecen de fundamento" y que sus asesores legales ya preparan una demanda por presuntas calumnias o afectación a la honra, escalando el conflicto a un plano personal y judicial de ida y vuelta.
¿Qué dice la ley?
En Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica de la Contraloría son muy estrictos: las juntas parroquiales no pueden invertir dinero público en bienes que no sean de propiedad estatal o que no tengan un convenio de uso debidamente legalizado y socializado. Si se comprueba que el terreno es privado y no existe un beneficio público general justificado, las autoridades involucradas podrían enfrentar glosas (multas) o incluso cargos por peculado.
