La aparición de Jairo M. en las oficinas de la Federación este miércoles tomó por sorpresa a los padres de familia. El funcionario, que había sido separado temporalmente al inicio de las investigaciones por un presunto delito sexual contra un menor de la disciplina de ajedrez, defendió su retorno alegando que, al no existir una sentencia en firme, prevalece su derecho al trabajo. Sin embargo, en delitos de esta naturaleza, el principio de interés superior del niño suele dictar medidas de protección preventivas más rigurosas.

El administrador de la FDP, Diego Mijas, aclaró la posición institucional frente a la crisis:

Para las madres y padres de familia de diversas disciplinas, el simple hecho de que el presunto agresor compartiera el mismo edificio que los deportistas representaba un riesgo inaceptable. Los representantes manifestaron que la Federación debe ser un "espacio seguro" y que la reincorporación enviaba un mensaje de impunidad y vulnerabilidad para las víctimas.

Tras la jornada de cuestionamientos y el rechazo generalizado, se conoció que Jairo M. presentó su renuncia irrevocable al cargo. Esta acción, aunque pone fin a la crisis administrativa inmediata dentro de la Federación, no detiene el proceso penal. La investigación en la Fiscalía de Pastaza continúa su curso para determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles sanciones penales.

Las autoridades de la Federación y los organismos de protección de derechos han enfatizado la importancia de que cualquier persona que se considere afectada por el funcionario, o que tenga información relevante sobre este u otros casos, acuda a la Fiscalía para formalizar la denuncia. El silencio es el principal aliado de la impunidad en estos casos.