La Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, realizó el pasado 14 de junio un operativo dentro del Centro de Reclusión de Sucumbíos. Durante este operativo conocido como “Libertad 438”, se decomisaron cinco teléfonos celulares a dos personas privadas de libertad, quienes habrían utilizado estos dispositivos para llevar a cabo extorsiones vía telefónica contra ciudadanos desde su celda.

Ambos internos están señalados como presuntos miembros del grupo criminal Los Lobos y cuentan con antecedentes por tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego y extorsión. Tras el decomiso, la Policía y las Fuerzas Armadas entregaron a los sospechosos y las pruebas recopiladas a la Fiscalía para que se inicie el proceso judicial correspondiente.

Este operativo se dio días después de que la Corte Constitucional suspendiera el estado de excepción en las cárceles decretado por el presidente Daniel Noboa —parte de su estrategia para combatir el crimen organizado y militarizar los penales—, generando un contexto de debate en torno al control en los centros penitenciarios.

Contexto:

• Desde 2024, el Gobierno mantiene una política de militarización de prisiones, con el objetivo de frenar la creciente influencia de bandas criminales que utilizan las cárceles como centros de comando.
• A pesar de los operativos, este caso pone en evidencia que las redes delictivas continúan operando desde el interior del sistema penitenciario, manteniendo comunicaciones y extorsionando a nivel nacional.
• Los Lobos, surgidos en 2021 como una escisión de Los Choneros, son actualmente considerados una de las organizaciones criminales más activas y violentas en Ecuador.

Este caso refuerza la necesidad de redoblar esfuerzos en el control de objetos prohibidos en las cárceles y subir la coordinación entre entidades como Policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía, en medio de una estrategia que ha reducido la violencia dentro de los recintos penitenciarios pero que enfrenta el reto de desarticular estructuras criminales que operan desde allí.