POLITICA
Histórico: Asamblea aprueba ley 70/30 que limita el gasto corriente en alcaldías y prefecturas
21 de febrero de 2026 | Autor: MIA Sonovision
Con 77 votos a favor, el Legislativo impone que los GAD destinen el 70 % a inversión; la votación de los legisladores de Pastaza estuvo marcada por el respaldo de José Nango y la ausencia de Cristina Acuña.
Tablero de votación electrónica del Pleno de la Asamblea Naciona.
Un ajuste de cuentas a la gestión local
En una sesión de alta tensión política celebrada en Samborondón este viernes 20 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), conocida popularmente como la "Ley 70/30". Con un margen ajustado de 77 votos a favor frente a 71 en contra, el Legislativo dio luz verde a una normativa que obliga a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a reestructurar sus presupuestos.
La ley, de carácter urgente en materia económica, establece un techo rígido: máximo el 30 % para gasto corriente (salarios, servicios básicos, insumos administrativos) y un mínimo del 70 % para inversión (obras, servicios sociales directos e infraestructura).
Pastaza en el Pleno: Un voto a favor y una curul vacía
La representación de la provincia de Pastaza tuvo un papel relevante por sus contrastes en la votación. El asambleísta José Nango consignó su voto a favor de la reforma, alineándose con la postura de que los recursos deben priorizar la obra pública sobre la burocracia.
Por otro lado, la asambleísta María Cristina Acuña, quien días atrás había manifestado un presunto "conflicto de intereses" por la situación de los Patronatos Provinciales, cumplió su anuncio y estuvo ausente durante la votación. Esta decisión ha generado diversas reacciones en la provincia, especialmente entre quienes esperaban una postura firme frente a una ley que podría afectar los programas sociales que maneja el brazo social de la Prefectura.
¿Qué significa esto para los GAD de la Amazonía?
Para las alcaldías pequeñas y la Prefectura de Pastaza, el cumplimiento de esta ley representa un desafío mayúsculo. Analistas económicos advierten posibles escenarios:
Recorte de Personal: Muchos municipios superan actualmente el 40 % o 50 % en gasto corriente, lo que obligará a reducciones de personal o procesos de optimización administrativa inmediata.
Freno a las Fiestas: La ley "sataniza" el gasto en eventos culturales y festividades, obligando a que estos rubros se reduzcan al mínimo o busquen financiamiento privado.
Riesgo en lo Social: Al ser los servicios de salud y atención a grupos prioritarios considerados técnicamente como gasto corriente en muchos casos, los Patronatos deberán buscar figuras legales para que sus presupuestos sean clasificados como "inversión social" y no queden desfinanciados.
Próximos pasos
Una vez aprobada, la ley pasará a manos del Ejecutivo para su sanción o veto parcial. De entrar en vigencia tal como está, los GAD tendrán un periodo de transición para ajustar sus planes operativos anuales (POA) y evitar sanciones por parte de la Contraloría General del Estado.
