POLITICA
Sindicatos y organizaciones sociales declaran "pie de lucha" contra la jornada laboral de 12 horas
21 de febrero de 2026 | Autor: MIA Sonovision
Tras el acuerdo del Ministerio de Trabajo, gremios nacionales anuncian movilizaciones para el 13 de marzo y preparan demandas de inconstitucionalidad por considerar que la reforma "precariza" el empleo.
Rechazo unánime al Acuerdo MDT-2026-046
La respuesta de las organizaciones sociales y sindicales al reciente Acuerdo Ministerial MDT-2026-046 no se hizo esperar. Diversos frentes de trabajadores a nivel nacional han manifestado su "rechazo absoluto" a la normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, calificándola como un retroceso histórico en las conquistas laborales del Ecuador.
Para los dirigentes, la posibilidad de redistribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 y 12 horas diarias es una vía libre para la explotación. Argumentan que este esquema rompe el equilibrio entre la vida personal y laboral, y temen que la "compensación con días de descanso" se traduzca en la práctica en una eliminación de los recargos por horas suplementarias y extraordinarias.
Los puntos críticos de la protesta
Las organizaciones han identificado tres ejes que consideran inconstitucionales:
- Vulnerabilidad del descanso: Afirman que la eliminación de descansos fijos atenta contra la salud física y mental del trabajador.
- Flexibilización sin recargos: Denuncian que el acuerdo permitiría extender la jornada diaria sin el pago de los recargos del 50 % o 100 % que establece el Código del Trabajo vigente.
- Falta de diálogo: Los sindicatos insisten en que una reforma de tal magnitud debió ser tratada en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y no impuesta mediante un acuerdo ministerial que consideran "de menor jerarquía" que la Ley y la Constitución.
Calendario de movilizaciones: 13 de marzo
Frente a lo que consideran una "imposición unilateral", los gremios han convocado a una jornada nacional de protesta para el próximo 13 de marzo. Las marchas se replicarán en las principales ciudades del país.
Además de las calles, la tensión se trasladará al ámbito legal. Equipos jurídicos de las centrales sindicales preparan acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, buscando suspender los efectos del acuerdo ministerial. Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de atraer inversión y generar empleo joven, el sector sindical advierte que "el empleo no se genera quitando derechos".
