POLITICA
Asamblea aprueba ley de sostenibilidad de noboa: GAD obligados a la regla 70/30
23 de febrero de 2026 | Autor: Mia Sonovision
Con el respaldo de 77 legisladores, se ratifica la reforma al COOTAD que pone techo al gasto corriente. En Pastaza, el Prefecto André Granda alerta sobre el futuro de los programas sociales tras la votación de nuestros asambleístas.
Luz verde a la reforma de Daniel Noboa
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD, un proyecto calificado como urgente en materia económica enviado por el Ejecutivo. La normativa, que obtuvo 77 votos a favor, introduce una reforma estructural al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
El corazón de la ley establece que, a partir de su vigencia, todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (municipios, prefecturas y juntas parroquiales) deberán aplicar estrictamente la fórmula 70/30: el 70 % de sus ingresos totales debe destinarse obligatoriamente a inversión, mientras que el gasto corriente (burocracia y operatividad) no podrá superar el 30 %.
Pastaza en el Pleno: Un voto a favor y una ausencia
La representación de nuestra provincia tuvo posturas divididas frente a este ajuste fiscal:
José Nango: El asambleísta por Pastaza votó a favor del proyecto, alineándose con la tesis gubernamental de reducir el peso del gasto burocrático para priorizar la obra pública.
María Cristina Acuña: La legisladora optó por la ausencia durante la votación. Acuña justificó su decisión alegando un "conflicto de intereses", relacionado presuntamente con la estructura de los patronatos y la inversión social que ella ha defendido previamente.
Alerta en la Prefectura: ¿Peligran los programas sociales?
La reacción del Prefecto de Pastaza, André Granda, no se hizo esperar. La autoridad provincial advirtió que esta camisa de fuerza presupuestaria podría generar afectaciones en los programas sociales que actualmente benefician a los grupos más vulnerables.
Granda señaló que, aunque la eficiencia es necesaria, clasificar la atención social como gasto corriente dentro de ese límite del 30 % pone en riesgo la operatividad de servicios básicos que no son infraestructura, pero que son vitales para la comunidad. Sin embargo, en declaraciones posteriores, fue enfático en que luchará por mantener el 10 % presupuestario destinado específicamente a grupos de atención prioritaria, tal como dicta la ley.
Próximos pasos
La ley pasa ahora al Ejecutivo para su sanción definitiva. Los GAD de todo el país, y especialmente los de la Amazonía que dependen fuertemente de las transferencias del Estado, deberán iniciar un proceso de reingeniería administrativa para no violar los nuevos techos de gasto y evitar sanciones de la Contraloría.
